Según el informe, hasta marzo pasado se habían otorgado en la capital 221 mil 402 licencias para el trabajo por cuenta propia, de ellas 190 mil 860 por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 15 mil 471 por el del Transporte y 11 mil 737 por el Instituto Nacional de la Vivienda.
La Comisión pudo comprobar que las principales ilegalidades en esta modalidad están ligadas a la circulación de autos o camiones sin la licencia operativa de transporte y en lugares sin permiso.
El resto consiste en realizar la actividad sin licencia, en sitios no autorizados, origen desconocido de materias primas y materiales, comercialización de productos sin consentimiento, cuentapropistas de otras provincias, inscripciones tardías en el registro de contribuyentes, contratación de trabajadores sin licencia, subdeclaración de ingresos, comercializar productos o prestar servicios distintos a los aprobados, utilizar intermediarios para vender su producción, o actuar como tales, arrendamiento ilegal, no efectuar el pago del espacio autorizado y evasión del impuesto correspondiente.
Aunque la ONAT perfecciona su accionar, no cuenta aún con la fuerza y la tecnología necesarias para enfrentar algunos de estos problemas; de ahí que se mantienen más de 49 mil 300 deudas por un monto de millones de pesos de personas naturales que están en proceso de conciliación y depuración para definir su situación.
La Asamblea condenó en varias intervenciones el acaparamiento de productos del comercio y las cadenas para la reventa, de manera muy marcada en la actividad de Productor Vendedor de Artículos Varios de Uso en el Hogar, porque la mayoría no comercializan lo que producen y exhiben artículos de procedencia industrial. Continúa la venta de ropa importada por personas escudadas en la licencia de modistas o sastres.
Por violaciones en el ejercicio del trabajo por cuenta propia se han impuesto algo más de 19 mil 400 multas, de estas por violaciones del transporte privado unas siete mil y otras dos mil a boteros y bicitaxis ilegales.
Respecto a la venta de productos no autorizados, no solo impusieron multas por más de 400 mil pesos a 886 personas, sino que hay iniciados procesos de investigación sobre sus fuentes, mientras debido a la gravedad de las violaciones o su reiteración fueron retiradas 929 licencias.
Normas de convivencia, tranquilidad y bienestar de la población
Se pudo definir como las ilegalidades más representativas en este acápite la presencia de ciudadanos con conducta deambulante, maltrato y robo de contenedores de basura de recogida domiciliaria, arrojo de escombros en la vía pública, microvertederos, salideros de agua y ruido, en particular en centros nocturnos con música alta.
En este período se elevó la actuación persuasiva con quienes transitaban sin camisa en la vía pública, en visita a centros de servicios y otros lugares, con un carácter educativo; sin embargo, a 93 de ellos los condujeron a las unidades de la PNR por la actitud asumida ante el requerimiento de las autoridades.
En otras acciones de orden público, por cometer actos impúdicos, condujeron y multaron a 630 individuos; los casos reincidentes en estos hechos fueron presentados a procesos penales.
En esta batalla han sido impuestas ya más de 57 mil 600 multas con una cuantía superior a los 11 millones de pesos dirigidas al enfrentamiento a la indisciplina social en los sectores estatal y privado, hechos vandálicos contra el ornato público y la higiene comunal.
La PNR enfrentó más de cuatro mil 900 casos asociados a la música alta, donde persisten las manifestaciones individuales y colectivas con mayor incidencia en viviendas. Igualmente por violar los decibeles de ruido permisibles por el CITMA, aplicaron 156 multas, y se realizaron en el sector estatal los análisis correspondientes con las direcciones administrativas, las organizaciones de base del Partido y los colectivos laborales.
Entre las manifestaciones que inciden en el daño al ornato público, están los vertimientos de dese- chos sólidos en lugares no dispuestos, lo cual facilita la proliferación de microvertederos en la ciudad, y la incidencia de los llamados buzos en estas áreas.
Ante esos hechos han sido procesadas 138 personas por propagación de epidemias, al 39 por ciento se les aplicaron multas de más de 200 pesos y el resto ha sido presentado a los tribunales. El 67 por ciento de los encartados fueron detectados en el vertedero de calle 100 y Autopista. La Asamblea se pronunció por fortalecer la actividad de auditoría en todos los niveles, a fin de hacerlas sistemáticas y de carácter preventivo, no de autopsias como está sucediendo donde ya no hay nada que hacer.
Los delegados acordaron continuar el análisis trimestral del tema en el CAP, que debe trabajar con agilidad en la solución de los casos, principalmente en las indisciplinas de apropiación de viviendas por su connotación social, exigir que las direcciones provinciales ejerzan sus funciones metodológicas y de control a las entidades subordinadas y coordinar con Tribunales la realización de juicios públicos ejemplarizantes de casos connotados.
Se recomendó a las Asambleas Municipales del Poder Popular trabajar con las Comisiones Permanentes de Trabajo para lograr que se involucren en el control y la fiscalización con intencionalidad, e indicar a los Consejos Populares incluir el tema de las indisciplinas, ilegalidades y hechos de corrupción en sus análisis, así como en los resultados de los controles y fiscalizaciones que desarrollan en su demarcación.
Fuente: Tribuna de la Habana
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