Por Sheyla Delgado Guerra
El pasado año, en reunión del Consejo de Ministros para analizar el
estado de las cuentas por pagar y por cobrar —esencialmente las fuera de
término— se constató que, hasta el cierre de junio del 2011, el Organismo de la
Administración Central del Estado (OACE) con más cobros por efectuar vencidos
en su sistema empresarial era el Ministerio de la Agricultura (MINAG), con 892
millones 800 mil pesos y —a su vez— el segundo del país en las cuentas por
pagar atrasadas, con un monto aproximado de 700 millones (CUP).
No es de asombrar que constituyan las empresas de la
Agricultura las de mayores "números" en este sentido, pues son ellas
precisamente (de forma general) las que registran mayores volúmenes en la venta
de productos y en la compra de insumos, y no ha existido una responsable y
exigente disciplina contable. Lo preocupante está en que la tierra —o mejor,
los cultivos— necesitan atención todos los días y cualquier dilación en los
pagos a una empresa, activa una compleja cadena de adeudos que involucra a numerosas
entidades y, en definitiva, puede atentar contra la garantía de la producción
de alimentos.
Por esa razón, octubre del 2011 volvió a dirigir la mirilla
del Consejo de Ministros hacia el análisis de esta situación, con el
"lente" enfocado sobre todo en las causas que habían generado tales
descalabros en diferentes organismos, y a partir de ahí se aprobó la
implementación de un conjunto de medidas —de carácter interno en el nivel
empresarial y otras adoptadas por las instituciones bancarias y financieras— en
aras de revertir el lamentable panorama, comentó a Granma Manuel Agüero Suárez,
director de Finanzas del MINAG.
La primera medida aprobada —explicó— fue la renegociación de
las deudas por parte de las entidades con el sistema bancario y, con ello,
facilitar la concesión de nuevos créditos a las empresas, una vez regularizados
sus correspondientes débitos.
Sobre este particular, se acordó priorizar a la Agricultura
y al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), por las altas cuantías
acumuladas, directriz esta que el sistema bancario ejecutará en julio próximo.
"Otra de las medidas —y a mi juicio una de las más
importantes— es la realización, en todo el país, de un proceso de conciliación
(entre deudores y acreedores) de las cuentas por pagar y por cobrar, con
énfasis en las que exceden el plazo de tiempo previamente acordado para su
liquidación. Aquellas que pasen de los 60 días deberán ser documentadas",
apuntó Agüero Suárez.
Esto coadyuva irrefutablemente, junto a las restantes
disposiciones, a detectar y enfrentar cualquier presunto hecho delictivo que se
esconda "tras bambalinas".
UNA "AUDITORÍA" INAPLAZABLE: EL MINAG POR DENTRO
Al culminar el 2011, el sistema empresarial del MINAG tenía
una necesidad mínima de capitalización valorada en 2 400 millones de pesos y
deudas con las sucursales bancarias ascendentes a más de 5 300 millones. De
esta última cifra estaban fuera de término 1 300 millones de pesos.
Tras el Control Estatal Integral del que fue objeto ese OACE
el pasado calendario, se planteó la urgencia de buscar soluciones eficaces de
conjunto con otros ministerios (el de Economía y Planificación, y el de
Finanzas y Precios), así como con el Banco Central de Cuba para salir del
"pantanoso" endeudamiento y de la descapitalización.
Sucede que ninguna de esas dos condiciones son el resultado
de los "tropiezos" de un año ni de dos, sino hijos directos de las
deficiencias acarreadas durante décadas y de diversa índole: desde las elevadas
pérdidas acumuladas por eventos climatológicos (huracanes, intensas lluvias,
sequías periódicas), dificultades organizativas y de control, hasta
encubrimientos entre entidades que, por falso compañerismo, se
"tapan" unas a otras y no exigen que se "honren" las
deudas.
Una de las variantes, en el marco de la ley, que aplican
varias empresas es el mal uso de las letras de cambio, subrayó el directivo.
Resulta que este instrumento no se nominaliza como una
cuenta por cobrar o pagar, sino como un efecto (a amortizar o a devengar). O
sea, que en ocasiones es más "conveniente" para las partes que las
deudas entre ellas aparezcan como un efecto por cobrar o pagar en vez de tener
que "contabilizarlas" como cuentas pendientes. Además, según dijo Agüero,
muchos de esos títulos de valor no están debidamente avalados por el banco y es
ahí cuando pueden dar amparo a las ilegalidades.
"Al respecto, les hemos indicado a nuestras estructuras
empresariales que no puede haber letra de cambio sin la fe de la sucursal
bancaria pertinente de que quien les deba tenga capacidad de pago para liquidar
en el lapso convenido. Y orientamos llevar directamente a las cuentas por pagar
y por cobrar todos los montos que no tuvieran esa garantía, aun cuando se
incrementaran los débitos en las informaciones estadísticas", aseveró.
Lo anterior, unido al proceso de depuración de las cuentas
vencidas de cobros y pagos pendientes (este último en mayor medida) y a otras
acciones acometidas, permitieron reducir los acumulados, en relación con el mes
anterior: en un 45,1 % las cuentas por cobrar y en un 23,8 % las por pagar. El
ejemplo más claro: el Grupo Empresarial de Logística (sobre todo la Empresa
Mayorista Central de Productos Agropecuarios), que en apenas un mes las disminuyó
de modo general en ocho veces.
NI VÍCTIMAS NI VICTIMARIOS... SOLUCIONES
Las entidades que más le deben al sistema empresarial de la
Agricultura son algunas del MINCIN, específicamente la Empresa Territorial
Comercializadora de Productos Agropecuarios (ETCPA) y la Unión Alimentaria
(UNAL), con un adeudo que supera entre ambas los 235 millones de pesos; le
siguen otras que están subordinadas al Poder Popular en las 15 provincias, con
32 millones en total; empresas de la Industria Alimentaria (fundamentalmente
las Cárnicas y de Conservas de Vegetales), que suman nueve millones de CUP;
dependencias del Grupo Azucarero y de la Industria Básica. En la mayoría de los
casos se han hecho los análisis y formulado las demandas que corresponden en
las Salas de lo Económico de los tribunales.
No obstante, resulta curioso que el principal deudor de la
Agricultura sea su propio sistema empresarial, el cual registra cuentas por
cobrar aplazadas de 413 millones pesos en total, además de las UBPC y el sector
cooperativo y campesino que deben 45,7 millones de pesos.
Ahora bien, ¿a quiénes les deben en mayor medida las
empresas del MINAG? Al igual que en los cobros fuera de término, en las cuentas
por pagar se repite la concentración de saldos morosos en sus propias estructuras
empresariales, las que tienen vencimientos por alrededor de 527 millones de
pesos, el 70 % del total.
Siguen en el orden de las cuentas por pagar de la
Agricultura: la empresa importadora de alimentos Alimport, a la que al cierre
del 2011 le debían unos 200 millones de pesos (ya han podido liquidarles una
parte y el resto fueron conciliadas y renegociadas); además a entidades de la
Industria Básica, principalmente a la Unión Eléctrica, Quimimport y Poligom; y
a dependencias de los ministerios de la Industria Sideromecánica, de la
Industria Ligera, y del Transporte.
Todas estas irregularidades son la fuente básica del delito
y la corrupción.
A estos organismos se ha dado máxima prioridad en los pagos,
hasta donde ha sido posible, y en la renegociación para lograr liquidarlas en
lo que resta del año, informó el director de Finanzas del MINAG.
Es preciso destacar que el pago a los productores ha tenido
una mayor exigencia y control, dado en lo esencial por el sistema de
facturación, explicó. También dijo que en diciembre del año anterior se les
debía en total más de seis millones de pesos (un millón por las empresas del
MINAG y el resto de otros organismos), cifra que se redujo cinco veces al
término de mayo pasado.
"Gracias al trabajo mancomunado con varios ministerios
y con el Banco Central de Cuba en los últimos meses hemos avanzado, pero
todavía falta profundizar en diversas direcciones; los contratos, por ejemplo,
con la definición clara de los plazos y condiciones en las cláusulas para los
cobros y pagos, y si se excede de la fecha pactada dejar explícitas las
comisiones a devengar", significó.
Otra cuestión impostergable es la eficiencia en la
contabilidad de algunas empresas, responsables en buena medida de no pocos
descalabros y de la falta de credibilidad ante sucursales bancarias en el país.
La Agricultura no puede detener, bajo ningún concepto, el
abastecimiento de productos agropecuarios a la población, así le paguen otros
organismos o dejen de hacerlo. Por ello deben instrumentarse medidas más
enérgicas en cuanto a las sanciones a los incumplidores —no solo en el sistema
empresarial del MINAG, sino en los demás OACE— para no tener que buscar
víctimas ni victimarios en este asunto y evitar que las buenas intenciones se
conviertan en pura retórica de "cuentas" vencidas que no dan para
más.
Tomado de Granma
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